Quitan control de la UDLAP a los Jenkins por disputa de fortuna

Juez avala ingreso de nuevo patronato impuesto por el Estado; rector acusa despojo y apela a un amparo federal

por Irene Castellanos

San Andrés Cholula, Pue. (Quinceminutos.MX).- La disputa legal por el manejo de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, escribió un nuevo capítulo la mañana de este martes 29 de junio de 2021, cuando con el apoyo de la fuerza pública el patronato de la Fundación Universidad de las Américas tomó el control de las instalaciones y bienes de la UDLAP.

La confusión inició alrededor de las 10:30 de la mañana cuando un grupo de policías estatales ingresaron a las instalaciones de la universidad y pidieron el desalojo del inmueble, en tanto diligenciarios aseguraban documentación y vehículos de la institución.

Un primer comunicado fue generado por el patronato de la Fundación Universidad de las Américas, para informar que “promovió un juicio ordinario civil con el propósito de recuperar los bienes que fueron distraídos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, a través de un conjunto de actos delictivos de simulación”.

Derivado de este recurso legal, explicó, “el juez de la causa dictó una medida cautelar consistente en otorgar al Patronato la inmediata posesión de la Universidad De las Américas Puebla, con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de la institución y la prestación regular de los servicios”.

El patronato apeló al compromiso de cuidar la integridad del patrimonio constituido por la voluntad de su fundador, William O. Jenkins, en beneficio de Puebla.

En respuesta, la UDLAP a través de sus cuentas oficiales tachó el comunicado como falso, aunque más tarde se confirmó su veracidad al haber sido emitido por el nuevo patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez, quien estaría ahora a cargo de la institución.

En tanto, la institución a cargo del rector Luis Ernesto Derbez Bautista, acusó “un intento de imponer a un nuevo patronato en la institución, nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla”.

De acuerdo con el Orden Jurídico Poblano “la Junta para el cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, es un órgano administrativo desconcentrado por función, jerárquicamente subordinado al Poder Ejecutivo del Estado, por medio del cual el poder público ejerce la vigilancia y asesoría que le compete sobre dichas Instituciones en los términos de la Ley”.

La universidad acusó que la toma del control “representa un acto de arbitrariedad absoluto (…) que se desprenden de un proceso legal que se sigue en contra de la Fundación Mary Street Jenkis (FMSJ), más no así en contra de la Fundación Universidad de las Américas Puebla”.

La postura fue expresada por el mismo rector, quien explicó que desde el 4 de mayo pasado la UDLAP promovió un juicio de amparo que fue concedido con el número 613/2021 y que otorga la suspensión provisional a efecto de que no sean removidos los patronos, asimismo para que este no intervenga en su administración, en su contabilidad o en cualquier acto de molestia o de privación de bienes y derechos.

Sin embargo, a la par del aseguramiento de los bienes muebles, también fueron congeladas las cuentas bancarias de la universidad, permitiendo sólo el pago de salarios por fin de mes.

Al respecto, la propia Fundación Jenkis a través de un comunicado acusó, de igual forma, que la toma de la universidad se trató de “un acto ilegal y autoritario”, al afirmar que la fundación “cuenta con una suspensión federal para evitar que se pretenda crear un Patronato espurio que usurpe funciones en la universidad…”

El organismo acusó también que existe una campaña de desprestigio en su contra, así como un intento de apoderarse de los recursos y de la institución.

“De manera ilegal, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla está buscando imponer a diversas personas con la finalidad de apropiarse de los recursos y de la institución, y hoy está afectando los estudios e investigaciones de cientos de alumnos y profesores…”

La disputa de los 720 mdd

El 4 de marzo pasado, el conflicto familiar entre los nietos de William O. Jenkins y Mary Street Jenkins salió a la luz, luego de que Guillermo Jenkins de Landa, nieto del filántropo e hijo de William Jenkins Anstead y Elodia Sofía de Landa, habría descubierto que su madre y hermanos habían trasferido recursos millonarios a otras fundaciones para hacerse del control de los mismos.

La ruta señalada sería la donación del patrimonio de la Fundación Jenkins a la fundación Bienestar de Filantropía radicada en Aguascalientes, movimiento realizado en 2014, de la cual habrían sido trasferidos 720 millones de dólares a Barbados y luego a Panamá, a una Fundación para el Desarrollo Latinoamericano.

De esta forma en agosto de 2016 el consejo de la nueva fundación habría dispuesto que Elodia Sofía de Landa y sus hijos: Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos -con excepción de Guillermo-, recibirían beneficios económicos de hasta 600 mil dólares anuales y una anualidad de 120 mil más.

La denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) derivó en las órdenes de aprehensión contra los beneficiarios económicos, quienes serían investigados por el presunto lavado de 14 mil millones de pesos.