Participación y legitimidad
Un tema que poco se ha analizado para el caso mexicano es el relativo a los niveles de participación ciudadana, la cual podemos explicar mencionando que se trata de la medición del número de ciudadanos que acuden a votar, la cual normalmente se expresa en porcentajes ya que brinda una mejor idea de estos niveles y permite contextualizar.
Los niveles de participación tienen una relación directa con el grado de legitimidad con que accede al poder un representante, de alguna manera, me parece, es un indicador (entre otros) de esa legitimidad.
La legitimidad a su vez permitirá al representante que recién inicia sus funciones, contar con el respaldo de sus representados para tomar decisiones adecuadas para todos, en el corto, mediano y largo plazo.
Cuando la legitimidad es escasa por parte de quien alcanza el mayor número de votos, ya sea porque la diferencia con el segundo lugar sea muy corta, o porque los niveles de participación fueron bajos, entonces la legitimidad se busca con el ejercicio del poder, es decir tomando decisiones para que la sociedad lo acepte como el representante adecuado para dirigirla, por lo que existiendo la necesidad de ser aceptados, estas decisiones pueden no ser la mejores porque lo importante del ejercicio del poder será lograr la aceptación ciudadana, sea como sea. Un ejemplo sería el caso del presidente Felipe Calderón que obtuvo el triunfo de la elección presidencial de 2006 con tan solo un 0.56% de ventaja sobre el segundo lugar. Debido a la necesidad del reconocimiento ciudadano, muchos analistas consideran que la decisión de la guerra contra el narcotráfico fue consecuencia de ese triunfo tan corto, y hoy sufrimos las lastimosas consecuencias.
Si observamos el marco constitucional de nuestro País (arts. 35 fracc. I y 36 fracc. III), los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de votar y también la obligación de votar en las elecciones, sin que hasta este momento exista alguna consecuencia real por el incumplimiento de este deber, o algún incentivo que logre ampliar la participación.
En otro espacio habíamos comentado y mostrado la diferencia de participación que existe entre las elecciones en las que se elige al ejecutivo y legislativo (62.25%), y en aquellas en las que solamente se elige a los integrantes dela Cámara de Diputados (44.5%). Esto significa que el tipo de elección sí es un elemento a considerar para explicar el aumento o disminución de la participación ciudadana.
También en un momento diferente hemos considerado el factor del dinero como causa, o no, de una mayor o menor participación, lo cual dejó en claro que el dinero que reciben los partidos políticos con motivo del financiamiento público para campaña tampoco es un factor que incremente sus niveles.
Si consideramos el periodo 2000-2018, podemos observar que el porcentaje de participación en la elección presidencial en el 2000 fue del 63.97%, mientras que en el 2018 fue del 63.4%. En estas mismas elecciones los partidos políticos recibieron por concepto de financiamiento público para campaña, en el 2000, la cantidad de $1,500,456,125.07 Para la elección del 2018 recibieron por el mismo concepto la cantidad de $2,148,166,623.00, es decir un 69.9% más, aunque los porcentajes de votación variaron 0.5% únicamente.
Esto significa, en pocas palabras, que el tipo de elección sí propicia un mayor nivel de participación, mientras que el monto de financiamiento público no parece ser un elemento determinante de ello.
Históricamente se han ido realizando diversas reformas para fomentar una mayor participación, como ampliar el número de horas en que se recibe la votación. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de los artículos 26, 27 y 103 de la Constitución del Estado de 1918, se establecía que la jornada era de las 9 a las 15 horas, siendo que hoy es de las 8 a las 18 horas.
Sin embargo, tanto el financiamiento como la duración de la recepción del voto son elementos meramente estructurales que sólo brindan facilidades para acudir a votar, aunque en realidad no se han dispuesto medidas que incidan directamente en el ánimo del ciudadano para que cuente con una motivación para ejercer su derecho y cumplir con su obligación de votar en las elecciones.
Debe observarse que en aquellos países en que existen consecuencias por no cumplir con la obligación de acudir a votar, o bien existe algún incentivo para ello, los porcentajes de votación aumentan oscilando entre un 85% al 95%, lo que resulta una aspiración para el estado que se ostente como democrático.
En varios países existe como sanción la multa, tal es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil. En algunos otros se ha presentado la posibilidad de que los jóvenes voten desde los 16 años como en Argentina, Brasil y Ecuador.
Sin embargo, un caso que me llamó mucho la atención fue el de Colombia, país en el que tuvieron elecciones presidenciales este año, porque establecieron varias medidas (6 beneficios y algunos sub-beneficios) para incentivar a los ciudadanos para que votaran, como preferencia en un empate en exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior, reducción de uno o dos meses-dependiendo del grado académico-, en la prestación del servicio militar obligatorio, adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda entregados por el Estado, descuento del 10% en el costo de la matrícula para estudiantes de una institución oficial de educación superior, descuento del 10% del costo del pasaporte, y 10% de reducción del valor de la Libreta Militar.
Estos beneficios están dirigidos básicamente a jóvenes y personas de bajos ingresos, quienes normalmente (al menos en el caso de México) son el universo poblacional más amplio.
En nuestro País es necesario tener presente la importancia de votar para contar con gobiernos que no tomen decisiones para legitimarse en el ejercicio del poder, si no que la tengan y actúen pensando en el corto, mediano y largo plazo, actuando como verdaderos estadistas y no como políticos necesitados de la aceptación de la sociedad; la historia ya nos ha dado varios ejemplos.
Estoy seguro que los mexicanos tenemos la capacidad de encontrar los mecanismos que fortalezcan el derecho de sufragar combinado con el beneficio de quienes más lo necesitan.
* El autor es Coordinador de los Posgrados en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Twitter: @Abretonb
* Es Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, Maestro en Ciencia Política y Doctor en Derecho. Obtuvo el reconocimiento de experto internacional en Derecho Electoral por parte de la UNAM, Diplomado en Derecho Humanos con mención en Acceso a la Justicia por el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos. Ha sido docente en licenciatura y posgrado en diversas universidades, y participado como conferenciante en foros nacionales e internacionales. Se desempeñó como funcionario electoral, Secretario General y Director General, del Instituto Electoral del estado de Puebla. Actualmente es Coordinador de Posgrados en Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla, asesor jurídico del Observatorio de Salarios y Secretario de la Barra Mexicana, colegio de abogados, Capítulo Puebla.
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