Órganos autónomos, entre contrapesos y apéndices del poder

El debate nacional sobre la legitimidad de los órganos autónomos en México ha sido puesto en la agenda desde la Presidencia de la República. El propio titular del Poder Ejecutivo ha hecho señalamientos directos sobre la existencia de conflictos de intereses políticos y económicos de las y los representantes de estos organismos.

Cabe destacar que la legislación mexicana permite la existencia de estas instituciones, cuya autonomía política y presupuestaria se justifica para hacerlos ajenos a los tres poderes del Estado, dándoles atribuciones específicas que les permitan ser un árbitro legítimo y eficiente entre la sociedad y las instituciones del poder.

Existen organismos cuya historia demuestra que cumplen con el objetivo de ser sanos contrapesos a los excesos de poder, representando así los intereses sociales. Es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyos funcionarios y funcionarias en más del 90 por ciento son seleccionados por un esquema de servicio profesional de carrera y cuyos titulares se integran en órganos colegiados, siendo electos tras un escrupuloso proceso. Las decisiones técnicas y las posiciones políticas que emiten estos órganos demuestran su autonomía de los grupos fácticos.

Sin embargo, también existen órganos autónomos secuestrados por el poder, sobretodo en las entidades federativas, en las cuales las ternas de las convocatorias públicas son construidas desde antes de arrancado el proceso. En estos casos se utilizan los brazos políticos de las y los Gobernadores ubicados en los congresos locales y en los comités encargados de seleccionar a las y los titulares de estas instituciones. Aquí el reclutamiento de personal responde a dinámicas absolutamente políticas. Por supuesto, como en todo, debe haber excepciones.

Por lo anterior, para ir fortaleciendo las autonomías de estos contrapesos a los excesos, se debe garantizar que haya presupuestos suficientes y sin amarres de las tesorerías estatales, convocatorias en donde intervengan instituciones de educación superior y observadores ciudadanos foráneos, se deben institucionalizar las metodologías para calificar las aptitudes de las y los candidatos, tiene que legislarse urgentemente el Servicio Profesional de Carrera en las entidades federativas y, por supuesto, empujar la intervención permanente de la sociedad civil en cada selección y convocatoria pública que se emita. Y es que las mejores instituciones en la historia de este país han sido consolidadas por las y los mejores funcionarios públicos.

*Presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C.

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