México y 13 países más desconocen reelección de Maduro en Venezuela
Integrantes del Grupo Lima acusan que el proceso no fue democrático
México, 21 May (Notimex).- Los países integrantes del Grupo de Lima desconocieron el proceso electoral desarrollado en Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente.
Así, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, acordaron reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con dicho país.
Para ello, llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar su protesta.
Los 14 países reiteraron su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en la nación venezolana.
Lo cual, dijeron, “se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles condiciones y en la perdida de la instituciones democráticas, el Estado de derecho y la falta de garantías y libertades políticas de los ciudadanos”.
En ese sentido, el Grupo de Lima decidió presentar en el marco del 48 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una nueva resolución sobre la situación en Venezuela.
Asimismo, consideraran la posibilidad de realizar contribuciones financieras a los organismos internacionales competentes para fortalecer las capacidades institucionales de los países en la región, especialmente los países vecinos, para atender el flujo migratorio de venezolanos.
Además de coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional.
Así como intensificar y ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera, a través de los mecanismos existentes, sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas.
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