La Universidad y el combate a la corrupción
En México, el diseño institucional para el combate a la corrupción no contempla a la Universidad como pilar de la lucha nacional que hoy se ha colocado en el discurso político mexicano; lo anterior, a pesar de ser la institución en donde se construye conocimiento universal, plural, transversal y multidisciplinario.
Las universidades son colectivos de naturaleza académica que, en países modelo en transparencia y con los mejores niveles de percepción en la materia como Finlandia, son la base de sus mecanismos anticorrupción. Y, por supuesto, que en nuestro país han sido cuna de movimientos sociales y de pensamiento que han revolucionado y transformado la política nacional.
Por ello, podemos detectar cinco grandes zonas de oportunidad en donde las universidades pueden incidir en la lucha anticorrupción que hoy enfrentamos todas y todos. La primera es desde la currícula. Es decir, integrando materias en los planes y programas de estudio en las cuales se agregue a la formación profesional un conocimiento básico y sustancial sobre la historia del combate a la corrupción en México y la conformación de las instituciones encargadas de ello.
La segunda gran zona de oportunidad para las universidades está en las actividades extracurriculares que deben dar impulso a la erradicación de la corrupción. La organización de foros, talleres, cátedras, conferencias y demás herramientas complementarias en la formación de las y los jóvenes ayudará sin duda a la concepción crítica del fenómeno.
El tercer y el cuarto elemento, sin los cuales no podríamos entender la intervención de la institución universitaria en el combate a la corrupción, tienen que ver con la participación y los mecanismos internos anticorrupción. En otras palabras, se trata de la colaboración de jóvenes, docentes y directivos en consejos consultivos y en Organizaciones de la Sociedad Civil que observen, opinen y fiscalicen los procesos de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Y, por otro lado, nos referimos a la existencia de protocolos anticorrupción ejemplares al interior de las instituciones de educación superior que estén basados en códigos de ética que regulen el actuar administrativo, docente y estudiantil de estas casas de estudio.
Finalmente, como ocurre en países punteros en el combate a la corrupción, la Universidad debe auspiciar los procesos de selección de servidores y servidoras públicas de primer nivel, agregando una supervisión y opinión técnica, convocatorias públicas abiertas y el seguimiento a los resultados generados. Y es que el Servicio Profesional de Carrera debe estar vinculado a la lupa universitaria.
*Presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C.
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