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La ruta legislativa anticorrupción.



Jorge Oropeza | @jorgeoropezaoax

Comenzó la ruta legislativa del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción; lo anterior, tanto en ajustes presupuestarios en materia de austeridad como en cambios a las leyes de los esquemas anticorrupción ya existentes.

De entrada, las mayorías en el Congreso que lo respaldan ya avanzaron en una sólida política de austeridad. Se han legislado y se siguen trabajando reformas en materia de reducción de sueldos para la alta burocracia, recortes de gastos de operación en instancias públicas y de personal de confianza.

Por otro lado, ya se preparan ajustes para contar con un nuevo catálogo de delitos graves para incluir la defraudación fiscal, el encubrimiento, la corrupción como tal, el robo de combustible y la falsificación de facturas.

Asimismo, no pasará mucho para que se ponga sobre la mesa el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y su fortalecimiento o incluso cambio de modelo. Hay quien habla de la incorporación del Servicio de Administración Tributaria y del Instituto Nacional Electoral que se sumarían a las siete instituciones que participan ya en este modelo colaborativo único en el mundo.

Sin embargo, además de esto se tienen que contemplar medidas legislativas para inyectar vida a la participación y fiscalización ciudadana en la materia. Y esto incluye no únicamente reforzar los Comités de Participación Ciudadana de todo el país otorgándoles más recursos humanos y materiales para su desempeño ordinario, sino legislar para incorporar – con herramientas similares – la inclusión real de Organizaciones de la Sociedad Civil en las políticas anticorrupción, así como para darles vida a los distintos órganos consultivos existentes que ya están en la ley, pero que no son más que apéndices desarticulados.

La actual legislatura debe contemplar también dos ejes invisibles en el debate de las y los diputados federales, pero que actualmente se discuten en la Política Nacional Anticorrupción. Me refiero a la legislación de una Ley General del Servicio Profesional de Carrera que permee en estados y municipios, dándole al mérito prioridad sobre el compadrazgo en los espacios públicos, así como a la cultura de combate a la corrupción que debe incluirse en las prácticas y planes de estudio a implementarse en el nuevo modelo de educación básica que será planteado próximamente para el país.

*Presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C.

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