La CDH investiga tortura en el caso de Verónica N, vinculada a secuestro por un celular que encontró en la calle

El organismo ordena medidas cautelares al considerarla en situación de riesgo

Sede de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

por Redacción

Puebla, Méx. (Quinceminutos.MX). -La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) ha iniciado una investigación sobre el caso de Verónica N., residente del municipio de Tehuacán, tras su detención por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y su vinculación a un caso de secuestro.

La mujer, quien afirmó haber encontrado un teléfono en la calle e intentado devolverlo a su dueño, fue acusada de ser responsable del delito, lo que resultó en su aprehensión.

En rueda de prensa, Verónica N. narró que, tras dos días en detención, fue víctima de tortura por parte de los agentes que la arrestaron.

Este hecho fue difundido en medios de comunicación, lo que motivó a la CDH Puebla a intervenir de manera inmediata, cumpliendo con el principio de inmediatez. La Comisión inició una queja de oficio para investigar los hechos denunciados por la afectada.

La CDH Puebla también llevó a cabo el procedimiento especial de exhibición de personas, conocido como habeas corpus, con el objetivo de garantizar la preservación de la vida, la salud física y mental de Verónica N., quien había sido privada de su libertad. Además, se emitieron medidas cautelares para proteger sus derechos humanos.

En coordinación con la afectada, el organismo autónomo estableció contacto directo para brindarle atención médica y psicológica, así como incluirla en el programa "Mujer Segura", destinado a proteger a mujeres en situaciones de riesgo.

La CDH Puebla, en el marco de sus facultades, ha realizado acciones inmediatas para asegurar una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y determine si hubo violaciones a los derechos humanos en este caso.

A su vez, la Comisión exhortó a las autoridades competentes a colaborar plenamente en las diligencias necesarias, a fin de garantizar la seguridad jurídica de la afectada.