Inexistente, la Policía Ambiental anunciada por Céspedes en 2023
La secretaria de Medio Ambiente confirmó que los elementos siguen en la SSP
por Irene Castellanos
Puebla, Méx. (Quinceminutos.MX). –La Policía Ambiental anunciada por el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, es inexistente, reveló Rebeca Bañuelos Guadarrama, actual secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del gobierno del estado.
Durante la rueda de prensa matutina de este martes, la funcionaria confirmó que los elementos de dicha corporación fueron reintegrados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
"En cuanto al destino de los elementos que existió en otra administración, la llamada Policía Ambiental, bueno, ahorita pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Estatal. No hay ningún cuerpo", afirmó ante cuestionamientos.
Este reconocimiento de Bañuelos Guadarrama confirma que actualmente el gobierno del estado carece de un equipo de seguridad o de verificación dedicado a la protección ambiental.
Un cuerpo que nunca funcionó
En junio de 2023, Sergio Salomón Céspedes Peregrina presentó la Policía Ambiental, la cual debía iniciar operaciones el 1 de julio del mismo año. Esto como una medida de presión para el cumplimiento de la verificación vehicular.
En su momento, Daniel Iván Cruz Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, anunció que el despliegue incluiría 91 elementos distribuidos en las principales vialidades estatales, identificados con chalecos verdes y equipados con cámaras corporales conectadas en tiempo real al Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i).
Sin embargo, la Policía Ambiental solo fue vista en contadas ocasiones en avenidas y bulevares de la ciudad, desvaneciéndose poco después sin mayores explicaciones.
Historia de incumplimientos
Cabe recordar que la verificación fue suspendida en 2019 con la llegada al poder del exgobernador Miguel Barbosa y retomada en el último año de su gobierno, en 2022, con la instalación de los 33 centros de verificación que actualmente funcionan en el territorio estatal, sin embargo, en los primeros meses fue voluntaria.
Para el 2023, la medida se retomó como obligatoria y aunque se presentó a la Policía Ambiental, el mecanismo nunca logró garantizar su cumplimiento ni abordar problemáticas ecológicas en el territorio.
