El exgobernador Mario Marín obtiene libertad condicionada por caso Cacho

Juez impone multa de 100 mil pesos para continuar proceso

por Redacción

Puebla, Méx. (Quinceminutos.MX). — A tres años y medio de haber sido detenido por el caso de tortura denunciado por Lydia Cacho Ribeiro, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, obtuvo el beneficio para continuar su proceso en libertad a cambio de una multa por 100 mil pesos.

Luego de que trascendiera la liberación del priista preso en el penal del Altiplano, la activista y escritora Lydia Cacho Ribeiro confirmó la sentencia emitida por la jueza Angélica Ortuño Sánchez.

“La jueza #AngélicaOrtuñoSuarez le impone una multa de sólo 100mil pesos (al gobernador que tiene un chalet en Suiza), lo libera Justo en la recta final en que esperábamos la sentencia firme por tortura. Así el poder del ex gobernador de Puebla dentro del Poder Judicial”, apuntó en su cuenta de X (@lidiacachosi).

La sentencia estaría relacionada con el amparo obtenido el pasado miércoles por Adolfo Karam, el exdirector de la extinta Policía Judicial de Puebla, quien también fue incluido en la denuncia interpuesta por la activista derivado de los hechos ocurridos en 2005.

A Karam, detenido en mayo del año pasado (2023) en Boca del Río, Veracruz, la juez de la causa estableció firma periódica y la orden de no salir del estado de Quintana Roo, en tanto continúa su proceso legal.

Cabe recordar que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido en un domicilio de Acapulco, Guerrero, en febrero de 2021, y trasladado al penal de Cancún, donde fue radicada la denuncia por tortura interpuesta por Cacho Ribeiro, para posterior ser enviado al penal del Altiplano en el Estado de México.

El beneficio de la ley fue ganado por el exgobernador poblano en la recta final del proceso que ha durado casi 20 años, mismo que podría concluir con solo una amonestación y multa para los implicados en el caso.

En 2005 la activista y escritora Lydia Cacho publicó el libro “Los Demonios del Edén”, con testimonios de víctimas de trata, en el que mencionaba nombres de empresarios y políticos, incluido el del empresario de origen libanés Kamel Nacif, radicado en Puebla, mismo que presentó una denuncia por difamación.

La denuncia contra Cacho Ribeiro fue interpuesta ante la entonces Procuraduría General del Estado de Puebla (PGE), y agilizada por el empresario mediante contubernio con el entonces gobernador. Los vínculos quedaron revelados mediante la filtración de audios de llamadas telefónicas que fueron difundidos en medios estatales y nacionales.