El caso Giovanni López y las lecciones de Jalisco

La ejecución extralegal y sumaria del trabajador de la construcción Giovanni López, en Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, el pasado 5 de mayo, pero que recién se conoció, es un caso que debe dejar muchas reflexiones sobre el uso de la fuerza pública contra quienes, aparentemente, incumplen las medidas restrictivas en el contexto de la pandemia de Covid-19, cuando esas acciones se consideran punibles y tienen naturaleza obligatoria y coercitiva.

El “nada por la fuerza, todo por la razón” a la que tanto alude el presidente Andrés Manuel López Obrador encuentra -qué raro, por tratarse del tabasqueño- sentido en este tema.

No se puede obligar a la gente a cumplir las medidas sanitarias a toletazos; no se puede, en el caso de Coronavirus, como en otros, decretar toques de queda, amenazar con cárcel y esperar que el Estado -así con mayúsculas, concebido en la definición de Thomas Hobbes- se transforme en rector y policiaco de cada uno de los ciudadanos.

A reserva de la claridad sobre las responsabilidades que, seguramente vendrá en los próximos días, el asesinato del albañil, quien aparentemente fue arrestado y sometido por policías ministeriales, por no usar cubrebocas, y al otro día apareció muerto, con evidencias de tortura y hasta con un disparo en el pie, ilustran lo inconveniente de la coerción, en estos casos.

En la pandemia de Covid-19, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien nunca oculta sus aspiraciones presidenciales, ha sido particularmente duro.

Desde el pasado 19 de abril, decretó la obligatoriedad del uso del aditamento sanitario, no saludar de beso ni de mano, estornudar de etiqueta y el lavado constante de manos, así como otras medidas, como clausuras fulminantes a establecimientos que abran, sin justificación de tener actividades esenciales.

En el documento oficial que emitió se advierte de las sanciones, que van, desde el apercibimiento, hasta el arresto de 36 horas.

De ahí que, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, las policías hayan tomado, de acuerdo con medios locales, actitudes incluso hostiles contra los ciudadanos, por estas restricciones.

Luego de la muerte del alarife de 30 años de edad, hay ya incluso versiones de que su arresto y sometimiento, que se hizo viral por un video compartido en redes, tuvo otras razones.

Con opiniones y acusaciones están interviniendo partidos políticos, funcionarios y activistas. Muchos se suben al tema, algunos con motivaciones legítimas y otros francamente con oscuras pretensiones.

Hay ahora mismo un ping pong de acusaciones que continuará en las próximas horas, por el caso en sí, y por las protestas que se generaron, con violencia y vandalismo, principalmente en Guadalajara.

Pero ésa es la inevitable parte política.

También siguen las investigaciones y la Fiscalía General jalisciense ya tiene detenidos.

Mientras todo eso fluye, hay que poner atención a las lecciones que, en esencia, deja este caso.

La receta para que la gente cumpla con las medidas sanitarias de la emergencia no puede tener a los toletazos como ingrediente.

Sobre todo, porque la salud y las precauciones que se asuman para conservarla, para no enfermarse cada uno de Covid en este momento, son acciones individual e inherente a la seguridad personal, por más que tengan también una alta responsabilidad con la colectividad.

Si no me enfermo yo, también protejo a mi entorno.

El Estado que reprime no funciona, está demostrado. Menos aún en un país como México, en donde la irresponsabilidad generalizada es un comportamiento cotidiano y hasta ancestral; uno tan interior hasta ha sido materia de tratados y ensayos completos de psicología y sociología.

Somos un pueblo -así en la concepción simplista de la colectividad que hacen los políticos- renuente a la disciplina, con un “valemadrismo” genético.

Pero además de eso, hay una profunda cultura de impunidad, de ausencia de procuración e impartición de la justicia, de falta de capacitación de los cuerpos policiacos, eso sin contar con el largo muy largo, histórico, abuso de los derechos humanos en México.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó, con esa claridad que acostumbra, por qué no debe utilizarse la fuerza en este tema. Dijo en la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, este jueves:

“Precisamente, porque identificamos que en una sociedad que ha sido ya por muchos años víctima de abusos, de violación de los derechos humanos, de impunidad, de una lenta procuración e impartición de justicia, que todavía vive un fuerte nivel de violencia, si imponíamos un mecanismo de coerción y de uso de la fuerza, empezarían a ocurrir este tipo de eventos muy lamentables… No se puede invocar que esto es por una disposición sanitaria, por lo menos no justificadamente…”.

El Estado policíaco y represor no sirve, ni en esta ni en otras circunstancias, y eso debe entenderse con claridad.