Debe América Latina fortalecer labores sobre tutela y garantía de Derechos Humanos: expertos

Fue realizado el diálogo “Impacto estructural de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. Casos recientes”, moderado por la secretaria de Gobernación

Puebla, Méx.- Durante el “Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Puebla 2022”, que realiza el Gobierno del Estado, expertos en la materia coincidieron en que América Latina debe trabajar en el fomento y la garantía de los Derechos Humanos, ello durante la mesa de diálogo denominada “Impacto estructural de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. Casos recientes”, la cual estuvo moderada por la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral.

Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comentó que en el país los Derechos Humanos no siempre fueron tema de orden jurídico; sin embargo, ahora existe una doble fuente que respalda el respeto a las garantías individuales, y otra de carácter internacional al formar parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explicó que las instituciones titulares de los Derechos Humanos han tenido un desarrollo histórico, a partir de la reforma constitucional de 2011 en la materia.

A su vez, Ernesto Rey Cantor, exjuez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, habló sobre cómo leer las decisiones que emite la Corte Interamericana como Estado; cómo ejercer el control de convencionalidad, así como la clasificación de la jurisprudencia en dos formas, con casos que suceden en tiempos de paz, y que ocurren en conflicto armado interno.

En su intervención, Eduardo Ferrer Mac Gregor, expresidente y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habló de que América Latina es la región más desigual del planeta, ante ello la Corte Interamericana ha ingresado en su jurisprudencia más reciente una nueva categoría sobre la no discriminación, como la pobreza estructural. Añadió que el derecho a la igualdad implica la obligación positiva y actuación del Estado, para adaptar medidas que corrijan las desigualdades, promuevan la inclusión y adopten políticas públicas.