Presentan decálogo para la seguridad ciudadana

Puebla, Méx.- En Puebla se han conjugado la corrupción, la ineficiencia y la ineptitud para permitir el incremento de los índices delictivos, afirmó el diputado federal Alejandro Armenta Mier, al recibir de manos de académicos una propuesta para el Plan Estatal de Seguridad Humana que incluye 10 puntos relacionados con la participación ciudadana, el involucramiento de los académicos y autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

El decálogo presentado por Rubén Darío Corona, coordinador de la Licenciatura en Derecho de Tec de Oriente, destaca la vinculación social en colonias, barrios y comunidades a fin de garantizar la seguridad y ahuyentar a la delincuencia, mediante una estrategia articulada.

Al respecto, el diputado independiente reprochó que "cuando un gobierno no garantiza la seguridad mucho menos podrá garantizar otro tipo de derechos humanos como a la alimentación, la vivienda, la seguridad social", de ahí que consideró importante la discusión de este plan en la Cámara de Diputado, donde lo presentará en el mes de septiembre para que sea turnado a la Comisión de Seguridad del legislativo. Posteriormente, la misma propuesta será entregada al gobierno del estado.

Armenta Mier replicó que “hay que analizar los índices del sexenio ampliado y de la corrupción, indiferencia e ineptitud” para entender la situación de inseguridad y violencia por la que atraviesa el estado de Puebla. “Por eso observamos en Tehuacán y en Ajalpan a personas que hacen justicia con propia mano”, recriminó.

De igual forma, el ex priista criticó la inacción del gobierno de Puebla porque la entidad tuvo que regresar a la federación 42 millones 500 mil pesos por subejercicio en materia de seguridad “porque es inepto el gobierno que no supo utilizarlos”. Estos recursos –dijo- se dibieron haber ocupado para la construcción de Casas de Justicia, la capacitación de personal y el reforzamiento de la seguridad.

El legislador refirió incluso que Puebla se encuentra entre los primeros 10 estado con mayores índices delictivos, como quinto en robo de vehículos, sexto en violación, sexto en robo con violencia, además de que el robo de unidades de motor casi alcanza 150 por ciento más que el año pasado, mientras que el robo a negocios reporta incremento del 60 por ciento. Asimismo, delitos como secuestro y homicidio se ubican entre 35 y 30 por ciento, respectivamente, por arriba de los niveles registrados en el año 2016.

Decálogo contra la inseguridad:

1. Hacer estudios longitudinales durante un periodo de seis años consecutivos con miras a observar a grupos de menores y adolescentes con variables de riesgo individuales, familiares, escolares y sociales, causantes de comportamientos delictivos, para obtener estadísticas predictivas que faciliten la implementación de estrategias a corto, mediano y largo plazos, a través de co-financiamiento público y privado.

2. Capacitación, actualización y profesionalización de los operadores del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, ya que esto implica invertir para combatir eficazmente la criminalidad del futuro.

3. Impulsar la realización de estudios sociológicos y criminológicos de la policía y sus estrategias de prevención del delito en la actualidad para evaluar su impacto y dimensiones en los niveles de delincuencia y, de acuerdo a ellos, podamos abandonar el modelo estándar y adoptar uno proactivo, que consiste en la implementación de tácticas que se diseñan partiendo de la colaboración entre la policía y vecinos de comunidades, barrios y colonias, para mejorar la vigilancia y solución de problemas adaptándose a sus necesidades.

4. El objetivo prioritario para devolver la seguridad en las calles está representado por la promoción y financiamiento públicos para la apertura de tiendas, pequeños comercios y otros usos públicos que devuelvan la vida a las ciudades y las comunidades, ya que estos espacios propician el uso de las calles y crean de forma natural y lógica un grupo de personas, los pequeños comerciantes, interesados en el mantenimiento del orden público donde se ubican sus fuentes de ingreso.

5. Revitalizar los barrios y zonas marginales de la entidad donde se presenta la mayor incidencia delictiva en la actualidad, a través de financiamiento público a sus residentes, y el mejoramiento de su infraestructura con la finalidad de mejorar el aspecto y calidad de vida rural y urbana de esas zonas.

6. Mayor inversión en herramientas tecnológicas de prevención situacional para incrementar el nivel de vigilancia formal en barrios y colonias con altos índices de inseguridad en la ciudad, así como en los lugares de mayor concentración de actividades comercial y de entretenimiento.

7. En el triángulo rojo, sustituir el material con el que actualmente se fabrican los ductos de PEMEX, por otro que complique su manipulación y soldado de llaves para la extracción de hidrocarburo, así como reparar inmediatamente la toma clandestina para reducir la tentación de seguir extrayéndolo u, ocultar mediante barreras físicas dichos ductos. Implementar bases de video vigilancia en las centrales de abasto de la zona, para intentar disuadir la venta ilegal del hidrocarburo ilegal, así como el incremento de la presencia de elementos de seguridad de manera indefinida. Ubicar una delegación de la Fiscalía General de la República en un área estratégica del Triángulo Rojo para facilitar la denuncia de este tipo de robo del orden federal con la colaboración de la Fiscalía General del Estado y las Policías Municipales aledañas, en el marco de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Identificar, mediante procesos petroquímicos conducentes, el color de los hidrocarburos (gasolina Magna y Premium, así como turbosina) para identificar los legales de los ilegales y difundir las nuevas coloraciones en medios masivos de comunicación y, adicionalmente, implementar mediante mejora regulatoria, las pruebas de litro entero y color característico de hidrocarburo lícito, antes del despacho del mismo en gasolineras y comercializadoras de turbosina. En el ámbito de la regulación penal, eficientar la imputación objetiva del delito de Crimen Organizado para poder incluir en esta modalidad el robo de hidrocarburo, habida cuenta de que su dinámica delictiva se desarrolla necesariamente mediante la coparticipación de varios actores que con acciones u omisiones, contribuyen en su comisión sin la necesidad de acreditar una estructura piramidal de tipo corporativo. En coordinación con las empresas comercializadoras de hidrocarburos, implementar una campaña publicitaria que rechace abiertamente y señale abiertamente que la compra de combustible ilegal contribuye al sostenimiento del crimen organizado en su modalidad de robo de hidrocarburo. Se requiere además, en el contexto de comercialización del hidrocarburo legal, una vez implementadas algunas o todas las técnicas de prevención situacional antes citadas, motivación para que los dependientes o gasolineros promuevan, antes del llenado de los tanques automovilísticos, la verificación de litros enteros y color de gasolinas legales.

8. Invertir en infraestructura, capacitación, actualización y profesionalización en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, partiendo del concepto básico del ejercicio público de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial Local en el contexto de autonomía plena y la obtención de plazas a través de concursos de oposición imparciales; implementados, aplicados y evaluados por Universidades Públicas y Privadas con prestigio en las áreas del Derecho Penal, la Criminología y la Política Criminal a nivel Nacional e Internacional.

9. Implementar evaluaciones periódicas de los usuarios de los servicios a cargo de Fiscales y Jueces pertenecientes al Sistema de Justicia Penal, que sirvan como herramienta para la implementación de acciones correctivas que mejoren la gestión pública en la materia.

10. Reforma penitenciaria integral que identifique como eje rector y transversal la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de los internos durante la ejecución de las penas o medidas de seguridad, para lograr reducir a límites tolerables la reincidencia delictiva, propiciando la remoción de obstáculos estigmatizadores que complican la reinserción social de los penados a la hora de recobrar su libertad.

#puebla #alejandroarmenta #inseguridad