La nueva legislación crearía mecanismos en los estados

Ciudad de México.- La Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, presidida por la diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), aprobó tres opiniones favorables. Las dos primeras, referidas a reformas de los artículos 7 y 102 constitucionales, y la tercera, a la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; a diversas disposiciones en materia de derecho a la información y libertad de expresión, y para expedir la Ley General de Protección a Periodistas.

La primera propuesta fue presentada hace unos días por la legisladora Velázquez Valdez, quien plantea reformar y adicionar el artículo 7 constitucional, para incorporar el concepto de libertad de expresión al de libertad de difusión.

Con ello, busca atender el principio de progresividad para ampliar la protección y defensa del derecho humano de la libertad de expresión y dotar de facultades explícitas al Congreso de la Unión para emitir la legislación nacional en la materia.

La opinión precisa que el Poder Judicial de la Federación está en vías de desarrollar la interpretación jurisdiccional en materia de derechos humanos, conforme al nuevo contexto derivado de la reforma al artículo primero constitucional.

De aprobarse el dictamen a la iniciativa, se elevaría a nivel constitucional la confidencialidad de las fuentes periodísticas, establece el documento.

La segunda opinión, aprobada también por mayoría, se refiere a la iniciativa presentada por el diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena), para dotar de reconocimiento constitucional y autonomía en su organización interna a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, “ante la debilidad institucional mostrada desde su creación”.

La Comisión Especial recomendó “tomar en cuenta el impacto presupuestal que supone la creación de unidades administrativas dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) en las entidades federativas, así como el que representaría la autonomía de la Fiscalía Especial”.

Refirió que la reforma al artículo 102 de la Constitución, propone que la Fiscalía Especial cuente con autonomía de gestión y presupuestaria, y tenga personalidad jurídica, para proteger a defensores de derechos humanos y a periodistas de las agresiones en su contra, además de crear 32 delegaciones estatales de la misma Fiscalía Especial.

Plantea también la creación de un Consejo Consultivo integrado por 12 consejeros, cuatro académicos, cuatro defensores de derechos humanos y cuatro periodistas, que durarían en su encargo seis años y podrían ser reelectos por un periodo más. Los integrantes serían elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

La tercera opinión, aprobada por unanimidad, consideró viable la iniciativa para expedir la Ley General de Protección a Periodistas y reformar la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como diversas disposiciones en materia de derecho a la información y libertad de expresión.

Aclaró que la creación de la ley general “no supone un impacto presupuestal, debido a que el Fondo y su fideicomiso se encuentran en operación desde 2012”.

La expedición de esta norma crearía mecanismos de protección a periodistas en las entidades federativas, ya que el problema más grave de agresiones a este gremio se da a nivel estatal y municipal, e incorpora conceptos internacionales como el derecho a la información y los derechos digitales.

Asimismo, los conceptos de periodista y colaborador periodístico dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, crea una Alerta de Riesgo, prevé capacitación a servidores públicos municipales y una reducción en los tiempos de atención a víctimas de agresiones.

La reforma al artículo 11 párrafo I inciso c) de la Ley Orgánica de la PGR tiene el propósito de armonizar y actualizar este ordenamiento con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los cambios al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, buscan incorporar los conceptos de colaborador periodístico y derechos digitales, y que la Fiscalía Especial ejerza su facultad de atracción de manera obligatoria para delitos contra personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión.

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