En un brete están metidos el Congreso del Estado y los presidentes municipales de demarcaciones colindantes con la ciudad de Puebla, por el cobro de “saneamiento” que ahora se sabe no lo realizan los Ayuntamientos sino el Soapap, pero que representa millones de pesos que ingresan cada año a las arcas municipales. El tema de fondo es que estos cobros son aprobados por los propios diputados en las leyes de ingresos que analizan antes de cada ejercicio fiscal y por lo tanto, se convierten en partícipes del engaño a los contribuyentes.

El problema hubiera pasado inadvertido si nadie hubiera alzado la voz en contra de la llamada Ley del Agua y la privatización de los sistemas operativos. Y es que, aunque por años, los municipios de San Miguel Xoxtla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula han cobrado cuotas por el servicio de saneamiento, no fue sino hasta que la mayoría de estos munícipes se opusieron a los designios estatales cuando el Estado se atrevió a señalar que los Ayuntamientos incumplen con el saneamiento y es más, que cometen el delito de “Concusión”.

El señalamiento directo hecho desde la oficina del gobierno del estado fue hacia José Juan Espinosa Torres, presidente municipal de San Pedro Cholula, quien encabeza la revuelta en contra de la privatización del agua, mediante la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al poner en jaque la legislación local –que representa uno de los compromisos del gobernador Antonio Gali-, el edil fue señalado de cobrar más de 6.4 millones de pesos anuales por el servicio de saneamiento, cuando su administración nunca se ha encargado del servicio, sino que éste ha corrido a cargo del Soapap.

La revuelta no paró entonces, sino por el contrario, a través de personeros y funcionarios del mismo ayuntamiento cholulteca, Espinosa Torres continúo azuzando a grupos afines para obligar a los ediles vecinos a rechazar la Reforma al Artículo 12. Así se le sumaron el de Xoxtla, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla e incluso, caminaron solos en el mismo sentido los de Texmelucan, Tehuacán, Coxcatlán, entre otros.

Ahora, al menos los alcaldes de la zona metropolitana están temerosos de que les auditen sus cuentas, tal como lo anunció el Congreso en el caso de Cholula y por ende, de enfrentar denuncias por el cobro indebido de servicios inexistentes.

Para explicar el tema, es preciso revisar el Artículo 218 de la Constitución, el cual establece que “Comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley”.

El asunto de fondo, es que al realizarse estos cobros autorizados anualmente por el Congreso del Estado en las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos, aún sabedores de que no se presta el servicio, los legisladores también estarían asumiendo la responsabilidad de engordar el erario a costa de las contribuciones ciudadanas no justificadas.

Mientras el jaloneo continúa en torno a la Ley del Agua, los presidentes municipales están “poniendo sus barbas a remojar” porque una auditoría haría una revisión exhaustiva sobre el destino de los recursos del saneamiento… y es allí, done no todos saldrían bien librados.

Twitter @mecinas

#opinion #puebla #leydelagua