Estudiará la reforma realizada al artículo 12 de la Constitución de Puebla

El conflicto por el control del agua en Puebla llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este lunes el máximo tribunal del país aceptó la controversia constitucional iniciada por el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y de ahora en adelante, corresponderá a los magistrados decidir si la reforma al artículo 12 de la Constitución de Puebla, es legal o no.

Luego de que el Congreso local dejó en manos del Estado la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los 2017 municipios, un grupo de alcaldes encabezados por el de Cholula y la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, lanzaron una campaña legal para defender el derecho municipal sobre estos servicios.

El tema de fondo es que, a decir de los ediles, la reforma servirá para entregar en manos de particulares los sistemas operadores, haciendo con ello una privatización del agua.

En este sentido, ayuntamientos como el de San Miguel Xoxtla y Cuautlancingo, se han pronunciado en contra de la privatización, así como de la entrega de sus recursos naturales, pero sin ahondar en el control que la nueva ley otorga como facultades al Estado.

El primer paso para declarar inconstitucionalidad

Al respecto, el secretario General del Ayuntamiento, Ignacio Molina Huerta, informó que recibió un acuerdo firmado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales donde notificó que ha sido admitida la controversia constitucional asignándole el número 53/2017, el cual es el primer paso para declarar la inconstitucionalidad de la Reforma que busca la privatización del servicio hídrico.

“El siguiente paso es la designación de un ministro ponente que hará un dictamen, mismo que pasará a votación del pleno de la Suprema Corte de Justicia”, indicó.

El funcionario municipal consideró que el primer paso es un buen resultado ya que la SCJN no admite cualquier declaratoria de inconstitucionalidad, lo cual indica que estuvo bien integrada y que existen argumentos para darle entrada.

En ese sentido Molina Huerta mencionó que hasta el momento otros siete municipios se han acercado para interponer los recursos necesarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de la reforma.

El secretario General confió en que la Suprema Corte le corrija la plana al Congreso del Estado de Puebla y reiteró el compromiso del edil cholulteca de no permitir que se lucre con el agua potable, ni permitir un acto como se hizo en la ciudad de Puebla, donde se entregó a particulares la administración del vital líquido.

Es importante mencionar que el pasado 13 de febrero, el presidente de San Pedro Cholula acudió a la SCJN para presentar la controversia constitucional porque la acción del gobierno del estado es una clara violación a la autonomía de los municipios, además de que se aprobó de manera irresponsable por parte de los legisladores locales.

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