Amenazado por tintes políticos se aprecia el movimiento que se ha organizado en diversos municipios de Puebla en contra de la Ley del Agua, aprobada por el Congreso del Estado.

Aunque es incuestionable que la reforma del artículo 12 de la Constitución del Estado de Puebla perfila la entrega de los Sistemas Operadores a manos de empresas particulares como ocurrió en la ciudad de Puebla, la inconformidad ciudadana se muestra ya cooptada por intereses particulares y de grupos, poniendo en riesgo los objetivos que enarbolan a favor de sus comunidades.

No es casualidad que la organización ciudadana cuente invariablemente con actores políticos y comunitarios identificados con grupos de izquierda como el PRD, Morena o el Revolucionario Institucional. Es sabido que desde estos partidos se han generado movimientos que terminan consiguiendo echar abajo legislaciones como la “Ley Bala” o la “Ley Mordaza”, sin embargo, el conflicto es que en esta ocasión están más presentes las intenciones políticas rumbo al 2018 y desde ahora comienzan a trabajar las candidaturas.

Para muestra está lo ocurrido en las comunidades de Coronango, Juan C. Bonilla y San Miguel Xoxtla, donde los alcaldes se han visto rebasados por grupos de oposición, los cuales se unieron para ir de un municipio a otro a fin de apoyar “la causa”.

El caso más reciente, ocurrió durante el informe de Miguel Ángel Hernández, edil de Xoxtla, donde un grupo de pobladores y vecinos de otros municipios se pararon con pancartas en mano para reclamar la privatización del agua, sin embargo, quienes encabezaron la movilización están identificados con grupos políticos que han sido desplazados en los últimos años.

Durante la mesa de diálogo que sostuvieron con el alcalde, se apersonaron una veintena de ciudadanos, encabezados por el ex presidente municipal Artemio Pérez Marín, quien gobernó en el trienio 1996-1999.

Llama la atención el interés del ex edil, porque fue precisamente en su gobierno cuando el ayuntamiento de Xoxtla firmó el acuerdo con el Soapap mediante el cual se comprometió a entregar parte del agua del municipio. Se trata de un acuerdo firmado en 1997, cuando era gobernador Manuel Bartlett Díaz, ahora integrante de Morena.

Además entre los quejosos acudió Pascual Bermúdez, quien durante muchos años fue presidente del comité de agua en el municipio de Xoxtla, pero que también fue removido del cargo.

Si el movimiento pretende la defensa de los recursos y la protección de las comunidades, tiene que iniciar por depurar a sus integrantes o de lo contrario corre el riesgo de convertirse en un movimiento partidista de otro astuto alfil politiquero.

Twitter @mecinas

#Opinión #Puebla #LeydelAgua