Cautelosos por la operación de la delincuencia organizada, los munícipes del llamado “Triángulo Rojo” del robo de hidrocarburo en Puebla, pareciera que han decidido aplicar la máxima de “dejar hace, dejar pasar”, todo con tal de no meterse en confrontación con los grupos delictivos.

Este miércoles tuvo lugar uno de los enfrentamientos más claros que se han registrado en el estado de Puebla entre “huachicoleros” y policías federales, tras el aseguramiento de vehículos con combustible extraído de manera ilícita de los ductos de Pemex.

Los hechos se registraron en inmediaciones de Álvaro Obregón, una pequeña comunidad de apenas un millar de habitantes, perteneciente al municipio de Tepeaca, considerado uno de los territorios dominados por las bandas dedicadas a este y otros ilícitos.

Estos grupos han incrementado sus operaciones en la franja que cubre el poliducto que corre desde Minatitlán, Veracruz, hasta el Estado de México, llevando consigo delitos como asesinatos, robo de vehículos y desaparición de personas.

En otros municipios como Amozoc, han sido señalados hasta los propios policías municipales por presuntamente proteger a los “chupaductos”, tal como ocurre en otros municipios del centro-oriente de Puebla.

De acuerdo con información hecha llegar a este espacio, los propios policías municipales y federales que se han topado con hechos delictivos de alto impacto, han recibido fuertes sanciones de sus comandantes hasta incluso ser destituidos, luego de detener en flagrancia a integrantes de estas bandas criminales.

El asunto, está en que los grupos delincuenciales han penetrado las estructuras gubernamentales, policiales y sociales, tal como fue evidenciado hace varias semanas a nivel nacional, mediante videos en los que se observa a hombres y mujeres correr a pedradas a elementos del ejército mexicanos cuando acudían a realizar un operativo.

Aunque el robo de combustible no es nuevo, ni ajeno a las comunidades a lo largo y ancho del país, sí se ha convertido en un problema de ingobernabilidad y de violencia en territorios como Puebla, al grado de que la propia Fiscalía General del Estado ha tenido que confirmar la operación de grupos como los zetas.

El tema yendo más a fondo, es que las comunidades no sólo han sido penetradas por el crimen organizado, sino que incluso se han convertido en protectoras de los delincuentes y beneficiarias de los recursos ilícitos.

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