En sólo cuatro años la población llegó a 618 menores en el país

Ciudad de México.- Hasta agosto pasado, 618 niños vivían con sus madres en centros de reclusión estatales de 30 de las 32 entidades federativas del país, y uno de carácter federal. Esta cifra de población infantil, en esas condiciones, representó casi el doble en cuatro años.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) precisó lo anterior en un informe especial sobre las Condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, enviado a la Cámara de Diputados.

Indica que el sistema penitenciario nacional se integra por 379 centros, de los cuales 214 albergan mujeres, pero sólo 16 son exclusivos para ellas y 198 mixtos; la población carcelaria ascendió a 230 mil 519 personas, 12 mil cuatro (5.21 por ciento) son mujeres, y la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México, concentran el 33 por ciento de las mujeres presas.

“Al ser población minoritaria, la infraestructura, organización y funcionamiento de reclusorios han girado en torno a las necesidades de los hombres; no se observan políticas públicas encaminadas a atender los requerimientos del sector femenino, no obstante que se aprecia un crecimiento de esa población de entre 4 y 5 por ciento”.

El 85 por ciento de la población femenil es primodelincuente y 54 por ciento es de bajo riesgo, por lo que podrían compurgar su sentencia atendiendo a los criterios de las “Reglas de Bangkok”.

En diversos centros de reclusión del país donde se albergan a madres con sus hijas e hijos, refiere el informe dela CNDH, las autoridades han incumplido su obligación de proporcionar alimentación, salud y educación.

Propone que los gobiernos estatales, la Comisión Nacional de Seguridad, las Secretarías de Educación y de Salud, así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, atiendan sensible y respetuosamente los derechos humanos de esos menores, con base en el Interés Superior de la Niñez y en concordancia con la Constitución mexicana, los instrumentos internacionales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la normatividad de la materia.

Refiere que los establecimientos deben contar con personal médico y técnico especializado, para garantizar su acceso a la salud, atención materno-infantil, vacunación y lo que implique su sano desarrollo, incluida la atención especializada si presentan discapacidad.

También, que las autoridades deberán privilegiar el derecho de estos menores a convivir con sus madres, aunque hayan nacido previo al internamiento de éstas, y deberá haber protocolos específicos para el ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo al centro penitenciario de los pequeños.

La CNDH propone una planeación presupuestal multianual para tener instalaciones exclusivas para mujeres, mínimo un centro por entidad federativa, y espacios para quienes se encuentran cursando un embarazo, lactancia o quienes tengan viviendo con ellas a sus hijas o hijos.

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