Ante irregularidades financieras por más de 5.7 millones de pesos halladas en la cuenta pública del 2014, la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, solicitó un amparo de la justicia para dejar sin efectos el proceso iniciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) argumentando que nunca fue notificada de las revisiones y por lo tanto tampoco pudo solventar las observaciones.

Ante representantes de medios de comunicación, la presidenta explicó que el juicio de amparo fue ingresado el pasado 17 de noviembre con el número el expediente 1871/2016, pero será hasta el próximo 14 de diciembre cuando se realice la audiencia para desahogar pruebas.

La solicitud de amparo es en respuesta a la aprobación que el pasado 30 de julio hizo la Cámara de Diputados para un Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por sobregastos en festividades, conciertos y renta de mobiliario para actos públicos.

Como dato, cabe destacar que en el mes de junio la SCJN concedió una suspensión al cobro de catastro que pretendía controlar el gobierno del estado, mismo juicio que fue ganado la semana pasada por la comuna.

El tema se enmarca con la confrontación que desde su campaña proselitista Ernestina Fernández mostró hacia el gobierno estatal y, una vez tomado el Ayuntamiento, la alcaldesa fue de las pocos munícipes que se mantuvo reticente a los programas estatales como el de “peso a peso”, acusando que se trataba de obras con sobrecosto porque los municipios terminaban financiándolas en su totalidad.

¿Y los damnificados por Earl?

A casi cuatro meses del paso de la tormenta tropical Earl por la sierra norte de Puebla, las familias afectadas continúan esperando los apoyos prometidos por los gobiernos estatal y federal cuando recorrieron las comunidades y se tomaron la foto.

El fin de semana, Radio Expresión informó sobre la protesta encabezada por vecinos de la junta auxiliar de Cuacuila, quienes clausuraron de manera simbólica la presidencia municipal de Huauchinango luego de que ni los caminos han sido reparados.

Por si fuera poco, quienes aparecen en los padrones de beneficiaros para vivienda revelaron que les quieren entregar únicamente de 20 a 28 mil pesos para que construyan una nueva vivienda, pero en un terreno que sea de su propiedad, toda vez que las autoridades no han podido localizar un predio en una zona segura para la reubicación que fue anunciada.

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