Los hechos delictivos que se han registrado en la ciudad de Puebla, se han convertido en un dolor de cabeza para los municipios, sobre todo porque los delitos están escalando a nivel de violencia y comienzan a ser hechos recurrentes.

En días pasados, Humberto Aguilar Sarao, hijo del delegado de Conafor, Humberto Aguilar Viveros, fue víctima de la delincuencia en calles de Tepeaca, donde un delincuente con pistola en mano lo obligó a entregar todas sus pertenencias.

El asunto es que además de lo ocurrido, el joven acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para intentar presentar su denuncia, pero encontró cerrado y aunque acudió al siguiente día, volvió a enfrentarse con la misma situación.

La misma complicación tienen que enfrentar las víctimas de delitos, en especial al interior del estado, donde ni siquiera existe autoridad que les reciba una denuncia, puesto que deben trasladarse, en el mejor de los casos, hasta su cabecera municipal o bien hasta la cabecera distrital.

Por si fuera poco, actualmente para presentar la denuncia las víctimas tardan hasta cuatro horas desde que llegan a las oficinas de la Fiscalía hasta que concluyen el trámite, lo cual de entrada es ya una barrera para la impartición de la justicia.

El otro inconveniente es la falta de información por parte de las autoridades hacia la población sobre los procedimientos, apoyos y garantías que ofrece el nuevo modelo de justicia penal que entró en vigor en julio pasado.

Ante la incertidumbre, cada vez son más las comunidades que se organizan para hacer frente a delincuencia, incluso con rondines nocturnos para garantizar la seguridad delas familias, sin que estos se conviertan en guardias comunitarias. El riesgo, es la pérdida del Estado de Derecho al prácticamente dejar de lado a las instituciones. A eso, nos estamos enfrentando.

Alcaldes sin presupuesto

A semanas de que concluya el año, las alcaldías comienzan a sentirse presionados por los gastos que deben afrontar, toda vez que podría complicarse el finiquito de compromisos económicos con proveedores o postergarlos hasta el presupuesto del año entrante.

Incluso, hasta la fecha hay municipios que arrastran su presupuesto desde las campañas electorales de junio, cuando tuvieron que meter las manos para apoyar a sus candidatos. Sabedores de que esos recursos ya no los podrán recuperar, se mantienen atentos a la última liberación del presupuesto 2016.

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