La Fiscalía General del Estado de Puebla, así como los presidentes municipales de Huauchinango, Teziutlán y Tehuacán, encabezan la lista de quienes cometen más violaciones a los derechos humanos en el estado de Puebla, así se desprende del reporte con datos hasta el mes de octubre que mantiene público en su página de Internet la Comisión de derechos Humanos del Estado de Puebla.

De un total de 27 recursos iniciados en los primeros 10 meses del año, seis corresponden a la FGE que encabeza Víctor Carrancá, de los cuales la mitad don conciliaciones y la otra mitad fueron llevadas a Recomendaciones, principalmente por violentar derechos a la Seguridad jurídica, a la legalidad, así como a la integridad y seguridad personal.

En cantidad de expedientes le sigue el presidente municipal de Huauchinango, Gabriel Alvarado, que ha acumulado tres quejas por violaciones a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la privacidad, las cuales quedaron resueltas mediante conciliaciones y las tres ya fueron cumplidas.

La tercera posición se la disputan el presidente municipal de Teziutlán, Antonio Vázquez y la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández, quienes han recibido por igual una queja que ha sido detenida en conciliación y otras más que ha tenido que llegar hasta la recomendación de la CDH. La única diferencia es que la alcaldesa tehuacanera ya cumplió el recurso de conciliación y mantiene en trámite la recomendación recibida, mientras que el edil teziuteco dejó en trámite ambos recursos recibidos.

Las otras 14 investigaciones iniciadas por la CDH Puebla han sido dirigidos una por una a los presidentes municipales de San Andrés Cholula, San Nicolás Buenos Aires, Chiautla de Tapia, Izúcar de Matamoros, San Miguel Ixitlán, Puebla capital, Huehuetlán el Chico, Coronango, San Lorenzo Chiautzingo, San Gabriel Chilac y Xicotepec, así como a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública del Estado e incluso una contra la Secretaría General de Gobierno.

En total, la tabla de Recomendaciones y Conciliaciones 2016 indica que únicamente 13 expedientes han sido cumplidos por los agresores, principalmente conciliaciones, puesto que sólo dos de los recursos atendidos satisfactoriamente son recomendaciones, una de la Fiscalía y la correspondiente a San Andrés.

La misma estadística detalla como los derechos más vulnerados la seguridad jurídica, legalidad e incluso revela que las autoridades llegan a cometer trato indigno e incluso atentan en algunos casos contra la integridad y la seguridad personal.

Twitter @mecinas

#ElQuiosco #Editorial