Aunque parezca lo contrario
A cuatro meses de que concluya el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, al menos cuatro temas preocupan a las instituciones de educación superior del estado, entre las que destacan la pobreza, la violencia, los feminicidios y el robo de hidrocarburo.
Aunque instituciones como la Ibero y la BUAP han hecho agenda, en espacial en el tema de los asesinatos de mujeres en el estado, contabilizando ya 66 casos en lo que va del año, hasta el momento, estos no ha encontrado el eco suficiente para lograr una presión social suficiente a fin de concretar una declaratoria de alerta por violencia de género.
La institución más reciente en subirse a los temas álgidos fue el Tec de Monterrey, el cual la jornada previa se metió de lleno a lo referente al robo de hidrocarburo que ha otorgado a la entidad el primer lugar a nivel nacional.
A decir de Juliana Vivar Vera, catedrática del departamento de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de esa casa de estudios, la pobreza y carencias influyen en el incremento de la ordeña a ductos de Pemex, por lo que consideró necesario implementar acciones interinstitucionales para combatir el delito.
“Lo que hemos visto es que han estado aumentando el número de delitos y es relacionado totalmente con el índice de pobreza que tiene nuestro país y también que tiene Puebla… uno de las factores que se encuentran ligados al tema es sin lugar a dura la escases y necesidad de las personas, pues a falta de, comenten conductas delictivas”, explicó.
Quien también opinó sobre la ordeña a Pemex fue Fernando Vera Sánchez, catedrático del Departamento de Administración Economía y Finanzas del mismo ITESM, quien explicó que “aunque es una actividad ilegal se venden muy bien esos productos en el mercado negro, lo que mejora el ingreso de las personas” involucradas y en realidad, representan pérdidas menores para el Producto Interno Bruto (PIB).
No obstante, de lo que no hablan los académicos es que la extracción ilegal de combustibles se ha registrado en zonas donde además se ha identificado la colusión de cuerpos policiacos con las bandas delictivas, lo que les permite operar de manera abierta y con total impunidad.
Una muestra es la detención de policías en Amozoc en el mes de septiembre, fecha a partir de la cual se dejaron de registrar tomas clandestinas en el municipio, sin embargo, éstas incrementaron o permanecen en zonas como Quecholac y Acatzingo, donde incluso se han ubicado fugas a escasos metros de destacamentos policiacos.
Ante esta situación es preciso preguntar:
¿Los alcaldes y policías han cedido a las amenazas del crimen organizado?
¿Cómo salen del estado -si es que salen- los miles de litros robados a Pemex?
¿Por qué el Estado no ha querido reforzar la seguridad en el triángulo rojo?
¿Dónde se quedan los miles de pesos producto de la ordeña?
Éstas sólo son preguntas, aunque parezcan lo contrario.
Twitter @mecinas