Como una papa caliente entregará el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas el tema de la violencia en el estado de Puebla a su sucesor José Antonio Gali Fayad, quien a partir del 1 de febrero del 2017, asumirá la gubernatura por un periodo de sólo 18 meses.

El asunto no es para menos, puesto que durante los último seis años se han ido registrando altos niveles de violencia e inseguridad, no sólo en el interior del estado, sino incluso dentro de la ciudad capital.

De acuerdo con el reporte de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de este 2016, se registraron mil cinco homicidios, esto es un promedio de 125 casos al mes o bien 4 asesinatos diarios a lo largo y ancho del territorio.

El consecutivo histórico deja por sentado el aumento de la violencia en la entidad, toda vez que durante todo el 2015 se presentaron mil 392 y durante el 2014 la cifra llegó apenas a 996 crímenes de este tipo.

El crimen organizado ha tocado las puertas de las presidencias municipales para amenazar o "leer la cartilla" a los alcaldes, quienes en el mejor de los casos han solicitado apoyo del gobierno del estado para reforzar la seguridad o en su defecto, han tenido que callar.

Claros ejemplos son las amenazas recibidas por el presidente municipal de Tochtepec, el perredista Marcos Pérez Calderón, así como el caso no esclarecido de los policías municipales de Amozoc, que primero fueron detenidos por supuestamente encubrir a chupaductos y luego puestos en libertad por errores en el proceso.

Antes, el conflicto más delicado durante el sexenio morenovallista sobre este rubro, fue la detención de Marco Antonio Estrada y Tomás Médez López, quienes se desempeñaban como director de la Policía Estatal y jefe del Grupo de Operaciones Especiales, ocurrida en julio del 2015, cuando fueron sorprendidos escoltando vehículos con combustible robado. Los hechos tampoco han quedado esclarecidos, pero provocaron la renuncia y mutis del entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas.

Hasta ahora el propio gobierno del estado ha evitado asumir la responsabilidad del conflicto, escudando en respetar la autonomía de los municipios, aunque éstos, solicitan cada vez con mayor fuerza la intervención del Estado o la federación para frenar la presencia delictiva.

De ahí que el tema de mayor trascendencia que han externado los ediles hacia el próximo gobernador, sea en el rubro de seguridad, aún por encima de obras públicas o cualquier otro plan de trabajo.

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