El asesinato del compañero Aurelio Cabrera Campos, quien recientemente había lanzado su proyecto del semanario El Gráfico en la sierra norte, encendió los focos de alerta para todo el periodismo local, luego de que el año pasado el estado apareciera en el reporte de la organización Artículo 19 como la entidad con más ataques a sitios web y este año continuaran las agresiones a la prensa.

La preocupación radica en que la violencia ha ido escalando en la última década, tal como se registró paulatinamente en otros estados como Guerrero, Michoacán o Veracruz, donde los comunicadores han tenido que aprender a “callar” ante hechos que antes podían ser publicados de manera abierta en cualquier informativo.

Aunque desde años atrás el país ya asomaba entre los más riesgosos para ejercer el periodismo, en Puebla pareciera que se intentaba ocultar la realidad que enfrentan los medios de comunicación y los comunicadores. Lo cierto, es que muchas de las agresiones eran tomadas como “gajes del oficio”, cuando en ningún oficio lícito o profesión pueden ni deben existir amenazas, ataques, robos, ni mucho menos balas de por medio, como se ha documentado en el estado.

Sin importar el móvil del crimen en contra de Aurelio Campos, es urgente que el gobierno del estado esclarezca los hechos y otorgue las garantías jurídicas y de facto para que los trabajadores de los medios de comunicación podamos llevar a cabo nuestra labor. Estas garantías, además, deben ser aplicadas sin importar de qué medio ni qué tan grande o pequeño pueda ser el impacto de la publicación, sólo así se estarían garantizando las libertades por las que todas las autoridades en el estado salieron la noche del 15 de septiembre a lanzar vivas y dijeron sentirse honrados.

Quedarnos callados ante cualquier realidad que enfrente Puebla, tanto ahora como hace diez años o hace dos siglos, sería similar a quedarnos sentados en el moderno café de Los Fuertes a contemplar el monótono paso de las horas.

Valga este espacio para hacer un llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, para que se garanticen las libertades consagradas en la Constitución, así como los acuerdos internacionales a los que está adherido México, a fin de que se proteja la libertad de prensa, pensamiento y expresión que hacen de nuestro país un Estado democrático, por encima de cualquier interés personal o miserable.

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