A dos años y medio de gobierno, los presidentes municipales del interior de Puebla se encuentran inmersos en un clima de violencia e inseguridad que no esperaban en 2013, cuando buscaron la candidatura en sus demarcaciones.

Tan sólo en el presente año el estado terminó colocándose como el primero en robo de hidrocarburos, reconociéndose la existencia de una franja que ahora es conocida como “El Triángulo Rojo”, donde supuestamente operan bandas vinculadas al crimen organizado, los cuales incluso, han infiltrado grupos policiacos municipales y estatales, como en el caso que se investiga en Amozoc y las detenciones de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública registrada en 2015.

Incluso, los munícipes han tenido que sortear con amenazas directas que les han hecho grupos delicuenciales, telefónica y/o personalmente, exigiendo poner “las reglas del jugo”. Ninguno ha reconocido abiertamente la existencia de algún acuerdo.

Por si fuera poco, los ediles que por única ocasión tienen un periodo de cuatro años para homologar los tiempos electorales, han lidiado con los municipios vecinos por cuestión de límites territoriales, como es el caso de San Pedro y San Andrés Cholula que tras un operativo en la zona de la pirámide reavivaron rencillas añejas y ahora tienen que cuidar su territorio con vigilancia permanente.

Caso opuesto ocurrió entre San Andrés y la ciudad de Puebla, donde el municipio cholulteca terminó cediendo parte de su territorio para que la Angelópolis quedara en los límites de Puebla, o el acuerdo entre Amozoc y la misma capital, para repartirse las colonias creadas en el pasado reciente en las zonas conurbadas.

Los hechos más violentos que se han registrado contra los munícipes son el asesinato de José Santamaría de Huehuetlán El Grande y el incidente en contra de la alcaldesa de Cuautempan, Flor de Coral Ramírez Cárcamo, en el estado de Jalisco, donde perdió la vida su pareja sentimental.

Hasta ahora, la respuesta del gobierno estatal ha sido la creación de un protocolo de seguridad, el cual delega la responsabilidad de vigilancia a los policías municipales, pero sin garantizar los recursos para implementar escoltas en los ayuntamientos.

No son los únicos conflictos, puesto que a más de la mitad del cuatrienio, los munícipes no han logrado concretar sus propuestas de campaña como lo que ocurre en San Martín Texmelucan, donde el edil Rafael Núñez tiene encima a los comerciantes, ambulantes, ciudadanos y hasta aquellos a quienes las administraciones anteriores quedaron a deberles.

El escándalo, lo sigue teniendo la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández, donde el pasado lunes fue atropellada y muerta una oficial de tránsito. El accidente ha puesto al municipio en medio de las críticas por la falta de seguro a sus agentes y las carencias con las que operan.

La lista es larga y los munícipes tienen menos de año y medio para resolverlos…

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