Organizaciones documentan corrupción y violaciones a derechos humanos

México.- Hacinamiento, corrupción, tortura, prostitución, trata, autogobierno, cobro de cuotas, entre otras violaciones a los derechos humanos, documentó el informe "Privatización del Sistema Penitenciario en México" publicado en conjunto este martes por organizaciones nacionales e internacionales, entre las que destaca la participación de la Univeridad Iberoamericana de Puebla.

Lo anterior, al presentar como inviable la privatización de las cárceles en México, toda vez que la participación de la inversión privada en el sistema penitenciario es objeto de crecientes críticas a nivel internacional.

De acuerdo con Miguel Sarre, especialista en derechos humanos y profesor en el ITAM, el informe da seguimiento a la audiencia Derechos de las personas privadas de libertad y la privatización del sistema penitenciario en México, en la que participaron las organizaciones firmantes durante el 157 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2016.

El informe destaca que este modelo ha sido cuestionado en países como Francia y Reino Unido, donde se constató que ha llevado a la reducción de la calidad de los servicios y al aumento de la inseguridad dentro de los centros penitenciarios.

Explica además que el Gobierno de Estado Unidos anunció la semana pasada que dejará de utilizar gradualmente las prisiones privadas, derivado de una investigación del Departamento de Justicia que encontró que éstas están en peores condiciones que las públicas.

En el documento se expone la situación de los centros penitenciarios en México, donde, pese a las diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, persisten problemas de hacinamiento y autogobierno, así como prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto en las cárceles públicas como en las privadas.

Riesgos para la reinserción y la dignidad humana

Por otra parte, el informe destaca la falta de transparencia con la que se implementó este tipo de Contratos de Prestación de Servicios en el sistema penitenciario en México y alerta sobre los riesgos de que se repliquen en el continente latinoamericano, donde varios países enfrentan crisis penitenciarias severas similares.

Así, países como Perú han empezado a adoptar un marco legal que favorece la iniciativa privada en el sistema penitenciario, en una dirección muy parecida a la mexicana. Cabe mencionar que los esquemas de acreditación han sido igual de opacos.

Los graves problemas que caracteriza el sistema penitenciario en México -concluye el documento- no justifican la incorporación de un modelo que va en detrimento de la reinserción social y de la dignidad de las personas privadas de libertad, concluye el informe. Para acabar con ellos, el Estado debe proponer cambios de fondo, y una política penitenciaria que ponga el respeto a los derechos humanos en el centro de la discusión.

Las organizaciones participantes son: Documenta A.C., Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, el Instituto de Justicia Procesal Penal, Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, y México Evalúa.

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