El nuevo modelo de justicia en México no termina de quedar claro para el ciudadano ni mucho menos ha terminado por convencer a la opinión pública. Sobre todo, por la nueva modalidad de aplicar la justicia con la que basta reparar el daño para no ser encarcelado.

Después de estar acostumbrados a la impartición de justicia en la que todo detenido era culpable hasta que se demostrara lo contrario, así como la aplicación de penas corporales como único medio para purgar una pena, la reforma jurídica plantea un nuevo paradigma al que todos deberemos adaptarnos rápidamente.

​El debate público surgió luego del choque ocurrido el pasado lunes en el bulevar 5 de mayo, cuando un Porsche impactó a un Jeta al ser conducido por una persona en estado de ebriedad, mismo que dejó una persona muerta y una lesionada. Dos días antes de estos hechos, el sábado previo, un hecho similar ocurrió en San Pedro Cholula, con el saldo de tres muertos y cinco heridos.

En ambos casos, los presuntos culpables podrían quedar libres mediante un pago por “reparación del daño”. Aunque esta modalidad está dentro de los términos legales, también los deudos tienen la opción de pedir el enjuiciamiento, si así consideran que se hará justicia. Es aquí, hasta este punto, cuando tendrían que intervenir los jueces y echar mano de los famosos juicios orales a fin de determinar libertad o cárcel para el acusado.

Lo que busca la reforma jurídica es una impartición de justicia más flexible y expedita, a fin de reducir los casos de impunidad y garantizar que las víctimas queden satisfechas con la intermediación del poder judicial, sea cual fuere el resultado. Con toda seguridad, esto representa una nueva etapa para el país que terminará siendo reconocida por quienes ahora la cuestionan.

Estado se lava las manos

El Protocolo de Seguridad para Autoridades Municipales levantó ámpula. Los alcaldes entendieron el mensaje enviado desde el gabinete de Rafael Moreno Valle sobre la “coordinación interinstitucional” pero sin que el Estado asuma la responsabilidad de vigilar a ninguno ni garantizarle las libertades para desempeñar sus funciones públicas.

Resulta que el gobierno estatal no planteó nada nuevo o que no esté dentro de las acciones lógicas que pudiera hacer cualquier edil en situación de riesgo. Lo nuevo, es sí el deslinde en el tema de seguridad en los municipios que en pocas palabras fue interpretado como un dejar a su suerte a las autoridades.

Sabedores de que no tienen otro camino por lo pronto, los alcaldes asumieron el ordenamiento, aunque muy pocos de ellos podrán aplicar ese protocolo porque, de entrada, sus tesorerías carecen de recursos suficientes como para destinar una partida especial al tema de la seguridad personalizada, o en su defecto, resulta inviable utilizar a uno de los escasos equipos policiales para sí, en vez de prestar servicios a la población.

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