Solos, aunque con el apoyo moral del gobierno del estado, los alcaldes de Puebla tendrán que garantizarse a sí mismos la seguridad que les permita llevar a cabo de manera libre sus actividades. Esto, tras la presentación del “Protocolo de Seguridad para Autoridades Municipales” presentado el lunes por las Secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

La orden lanzada en Casa Aguayo fue presentada ante 29 munícipes de la zona metropolitana de Puebla, Tehuacán y el conocido como “triángulo rojo” por el robo de hidrocarburo a ductos de Pemex.

De acuerdo con el protocolo presentado por el secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida y respaldado por la SGG, de ahora en adelante cada municipio deberá contar con un equipo capacitado de policías municipales –con todo y sus controles de confianza-, para resguardar la seguridad de sus presidentes. Por ende, la seguridad y los gastos que de ella deriven deberán ser absorbidos por las mismas administraciones locales.

El tema salió a flote, luego del asesinato de José Santamaría, presidente municipal de Huehuetlán El Grande, quien además ya había sido víctima de la delincuencia un año antes, cuando un grupo de sujetos ingresaron con violencia a su domicilio y tras torturarlo se habrían llevado un botín de un millón de pesos.

El dato que fue dado a conocer por diversos medios de comunicación sobre el caso, es que el propio munícipe informó de lo ocurrido a la FGE, pero nunca se logró dar con los delincuentes ni mucho menos las autoridades estatales prestaron atención a los problemas de inseguridad y violencia que se registraban ya en el municipio.

Dos semanas después del asesinato, la respuesta del Estado evidencia un ánimo por deslindarse de la responsabilidad, amparado en la autonomía municipal, así como una intención de blindar a la administración en contra de los señalamientos de la ciudadanía ante el incremento de hechos delictivos, mismos que han alcanzado a los propios munícipes y sus familias.

La señal mandada por el gobierno de Rafael Moreno Valle no parece tan buena en la práctica como en el discurso, sin embargo, sienta un precedente para la coordinación policial en el estado y reconoce de facto la importancia de las corporaciones policiacas municipales en temas específicos en los que el Estado es incapaz de llegar.

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