Proponen quitar el beneficio a violadores, extorsionadores y genocidas

Delincuentes como la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales (a) La Maestra, o el narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo (a) Don Neto, quienes por su estado de salud y avanzada edad recibieron el beneficio de terminar sus días en prisión domiciliaria, deberían pagar por los gastos que implica su vigilancia, así como su manutención, concluyeron los diputados federales Federico Döring Casar y Hernán Cortés Berumen, de la fracción parlamentaria del PAN.

Los legisladores propusieron para ello, reformar y armonizar el Código Penal Federal y la Ley General de Ejecución Penal.

Döring Casar y Cortés Berumen –integrantes de las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia, respectivamente- subrayan que en casos de pena alternativa, el Estado se encuentra obligado a implementar un complejo sistema de vigilancia en los domicilios de quienes se han amparado en dicha garantía.

Tal sistema consta, básicamente, de circuitos cerrados de video vigilancia, trabajadores sociales que asisten constantemente a los sentenciados y elementos de seguridad apostados a las afueras de los domicilios las 24 horas del día.

“Esto representa una erogación considerable para el Estado. En muchos casos, los gastos deberían correr por parte de los mismos solicitantes de prisión domiciliaria, en mayor medida, cuando se compruebe que cuentan con los recursos suficientes para cubrirlos", plantean.

Endurecer leyes contra delitos graves

La iniciativa ya turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, busca además impedir que personas sentenciadas a prisión por delitos de violación, extorsión o genocidio, puedan purgar condenas desde sus domicilios.

Actualmente, las leyes mexicanas otorgan el derecho de pena alternativa a los reclusos –la llamada prisión domiciliaria- cuando su estado de salud sea precaria o por senilidad; sólo excluye de esta opción a los condenados por delitos de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.

Los legisladores enfatizan que la violación, la extorsión y el genocidio son actos altamente ofensivos para la sociedad, por lo cual quienes incurren en esos delitos merecen castigos ejemplares para inhibir que otras personas los cometan.

El documento, presentado por los legisladores panistas en la reciente sesión de la Permanente, también propone armonizar el Código Penal Federal y la Ley General de Ejecución Penal para que en ambas normas se precise que no pueden acceder a la prisión domiciliaria quienes incurran en trata de personas y delincuencia organizada.

Tales excepciones sólo se estipulan en la Ley General de Ejecución Penal, ordenamiento expedido el pasado 6 de junio, y al no encontrarse en el Código Penal Federal, “se cae en una contradicción de la que pueden beneficiarse los sentenciados por esos ilícitos”, advierten los diputados.

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