El asesinato de José Santamaría, presidente municipal de Huehuetlán El Grande, ocurrido en los primeros minutos del martes 2 de agosto, forma parte de la violencia que ha ido incrementándose este año en el estado de Puebla, al ubicarlo entre los más violentos del sexenio.

De acuerdo con el reporte más reciente del Inegi, en lo que va de la administración de Rafael Moreno Valle se han registrado un total de 6 mil 627 asesinatos, siendo hasta ahora el 2012 el año más violento con mil 392 casos, sin embargo, este 2016 se perfila para desbancarlo, al contabilizar hasta la primera mitad del año al menos 672 homicidios.

La inseguridad también alcanzó en las últimas horas al presidente auxiliar de Santiago Acatepec, perteneciente al municipio de Caltepec, Carlos Rivera Tapia, quien hasta la noche del martes se encontraba reportado como desaparecido.

De acuerdo con la información dada a conocer por medios regionales, el alcalde subalterno viajaba a bordo de una camioneta Grand Cherokee, modelo 1998, sobre la carretera que comunica a Tehuacán con Huajuapan de León, Oaxaca, cuando fue interceptado por un grupo armado. En el sitio sólo fue hallada su unidad, misma que presentaba varios impactos de bala.

La inseguridad que enfrentan los munícipes en el estado no es nueva, desde el 2014 -año en que asumieron el cargo-, diversos alcaldes refirieron haber recibido presiones y amenazas del crimen organizado e incluso intentos de extorsión de personas que les marcaban por teléfono asegurando ser integrantes de grupos delictivos. El tema fue llevado incluso a la tribuna del Congreso local, sin que existieran mayores repercusiones desde ningún orden de gobierno.

Se sabe que el propio Santamaría fue víctima de la delincuencia el año pasado, cuando delincuentes ingresaron a su domicilio y tras torturarlo, lograron quitarle una suma equivalente al millón de pesos. El caso tampoco llegó a su esclarecimiento ni las autoridades pudieron presentar referencias de los agresores.

Los casos recientes vuelven a poner en la agenda el abandono en que se encuentran quienes desempeñan un cargo público, por lo que se evidencia la urgencia de protocolos que garantices la seguridad no sólo de alcaldes sino de las familias que a diario enfrentan el reto de cuidar su patrimonio y hasta la vida.

No se trata de endurecer las leyes o militarizar el estado, por el contrario, es un apremio para que las autoridades dejen de ser omisas en su labor y garanticen el Estado de Derecho.

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